El gobierno dominicano estableció ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, ya que aquellos que tienen un progenitor residente legal son y seguirán siendo de nacionalidad dominicana.
En un documento leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el gobierno señaló que la cantidad de personas afectadas con la sentencia del TC es solo una fracción de los “estimados alarmistas” que se han dado.
Indicó que del 2008 al 2013 la Junta Central Electoral (JCE) sometió a investigación 16,945 actas de nacimiento y que de estas solamente 1,088, el seis por ciento, fueron suspendidas provisionalmente por duplicidad, suplantación y otras incongruencias.
Precisó que de 42,015 cédulas que la JCE canceló del 2007 al 2013, solamente 410, correspondiente al uno por ciento, fueron por falsos reclamos de nacionalidad.
El funcionario dominicano aclaró que los esfuerzos de la JCE para corregir irregularidades en el registro no se limitan a identificación de cuestiones migratorias.
Pina Toribio encabezó la delegación dominicana, la cual completan el embajador interino ante la OEA, Giovanny Ramírez; el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Liriano.
El tema fue conocido a solicitud de la embajadora permanente de San Vicente y las Granadinas, Celia A. Prince, quien consideró que el fallo del TC anula la ciudadanía a hijos de inmigrantes y que se aplica de forma retroactiva.
Trato igualitario
Pina Toribio expuso que a los inmigrantes haitianos como a los de cualquier otro país se les respetan sus derechos humanos y se les permite el libre acceso a la educación, a la salud y al trabajo, sin necesidad de presentar identificación, al igual que a los dominicanos.
Precisó que en los hospitales públicos el 13 por ciento de los partos es de madres haitianas, no necesariamente residentes, que implican para el Estado una erogación al año de alrededor de RD$3,000 millones, equivalente a US$69.8 millones. Dijo que la población de inmigrantes consume cerca del 18% del presupuesto nacional del sector salud.
Afirmó que las personas migrantes enfrentan a menudo los mismos retos que los dominicanos, tras señalar que República Dominicana tiene 34% de la población por debajo de la línea de pobreza. Señaló que actualmente 15 mil haitianos están estudiando en universidades dominicanas, con los mismos costos que los dominicanos y posibilidades de becas.
“Con estos datos queremos decir, sin desprecio, que el Estado hace todo lo que está en sus manos para dar un trato digno y apegado a los derechos humanos a todos los hombres y mujeres que residen en nuestro territorio”, dijo. Sin embargo, observó que a pesar de esas muestras de apertura y respeto, el país ha recibido de las autoridades de Haití una respuesta hostil e injustificable, que no muestra la situación conciliadora y de concertación del gobierno dominicano. “Esta respuesta, que consideramos incomprensible, genera tensiones innecesarias”, expresó.
Pina Toribio resaltó las relaciones armoniosas existentes entre Haití y República Dominicana, con un acercamiento en los últimos años en diferentes ámbitos de cooperación.
Precisó que prueba de ese compromiso fueron las muestras de solidaridad sin precedente ofrecidas por el país al pueblo haitiano durante el sismo ocurrido en el vecino país en enero del 2010.
Acata sentencia
Pina Toribio reiteró la decisión del gobierno dominicano de acatar la sentencia del TC, a la vez que detalló las medidas que ha adoptado para su cumplimiento, a través del Consejo Nacional de Migración (CNM).
Precisó que el gobierno ha decidido hacer de la sentencia del TC la oportunidad perfecta para solucionar un problema que ha sido relegado durante años.
Al intervenir en la asamblea, el presidente de la JCE advirtió a la OEA que su objetivo no es imponerle un modelo a la República Dominicana, sino garantizar que se respeten los derechos humanos.
Consideró que si la OEA no encausa de forma apropiada el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana se le puede hacer un daño al país, lo cual entiende no es la idea de ese organismo. Alertó a la OEA para que no se deje llevar de presiones e intereses de grupos particulares que cuestionan el fallo del TC.
“La OEA no se puede dejar llevar por cuestiones momentáneas”, planteó. Dijo que la República Dominicana no iba a contestar muchos de los planteamientos hechos en el foro porque eran fruto de cuestiones que se desconocen.
Consideró que los representantes de los países no estaban exponiendo sus puntos de vista de manera racional. Refirió que ha preguntado a muchas personas si habían leído la sentencia, incluyendo al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, presente en la asamblea, y que la respuesta fue negativa.
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UNA MISIÓN DE LA CIDH VISITARÁ A RD
La delegación de Haití reiteró su firme voluntad de continuar trabajando para una convivencia pacífica de las dos naciones, tras expresar preocupación porque entiende que el fallo afectará a más de 200 mil inmigrantes haitianos que quedarán en condiciones de apátridas. Catalogó el fallo como una violación a la carta de las Naciones Unidas.
Aprovechó para solicitar a la OEA que recomiende a la CIDH que realice una investigación de la situación en la República Dominicana. El secretario de la OEA definió el tema de la sentencia como complejo, porque se trata de derechos humanos que trasciende lo nacional. José Miguel Insulza planteó que el problema no se resuelve con una resolución, sino con la buena voluntad de todos. En la sesión informativa se anunció que una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos visitará el país para indagar sobre la situación. En su intervención, el presidente de la JCE dijo que habían hecho esa solicitud en el 2011.
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